Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe

Disponible enEspañol

• Asuntos de Género

22 de noviembre de 2024|Comunicado de prensa

La CEPAL insta a actuar con sentido de urgencia para prevenir y eliminar la violencia por razón de género en la región.

banner.png

En 2023, al menos al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El Boletín N°3 - Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe: actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios se inscribe en la Campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres antes de 2030 que impulsa el Secretario General de las Naciones Unidas.

"En 2023, al menos 11 mujeres fueron asesinadas cada día por razones de género en América Latina y el Caribe. Este número doloroso e inaceptable nos recuerda que, a pesar de los avances en leyes y protocolos, el feminicidio sigue presente en nuestra región y es la expresión extrema de los patrones patriarcales y violentos. Es tiempo de actuar con sentido de urgencia", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre y da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En la actualidad, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; 14 países han adoptado leyes integrales que amplían la comprensión y rango de acción frente a esta verdadera "pandemia en la sombra", y 19 países han aprobado leyes y protocolos que penalizan el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género. Esto, en gran medida, como resultado de la adopción, hace 30 años, de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), así como de la Agenda Regional de Género acordada en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a lo largo de los últimos 47 años.

Pese a los progresos legislativos, a la creciente visibilidad y concientización social y a la mejora en la respuesta institucional de los Estados, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad persistente y extendida en América Latina y el Caribe y una grave vulneración a sus derechos humanos, subraya la CEPAL.

Las encuestas nacionales revelan que entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito de su vida y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Las niñas y adolescentes también se encuentran especialmente expuestas a la violencia de género con los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, que afectan a 1 de cada 5 niñas en la región.

En 2023, de los 18 países de América Latina que aportaron información sobre feminicidio o femicidio, 11 registraron una tasa superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Entre los países con mayores tasas de feminicidio se encuentran Honduras (7,2 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4). Las menores tasas se presentan en Haití (0,2 casos por cada 100.000 mujeres), Chile (0,4) y Guatemala (0,5 casos). El horizonte al que aspira la región es a una tasa de 0 feminicidio.

En el Caribe, al menos 20 mujeres fueron víctimas de violencia de género con resultado de muerte en 2023, de acuerdo con la información proporcionada por nueve países y territorios. Jamaica (13 feminicidios), Suriname (4), San Vicente y las Granadinas (2) y Belice (1) fueron los países que registraron casos el año pasado.

Es importante aclarar, dice la CEPAL, que cada país registra a las víctimas de feminicidio, femicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género de acuerdo con su tipificación legal y produce los datos en distintos momentos de los procesos de investigación policial o judicial, por lo que no es posible realizar una estricta comparación del indicador entre países.

Por otra parte, según lo informado por 6 países de América Latina (Colombia, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay), se registraron 760 feminicidios frustrados o tentativas de feminicidios durante 2023, cifra que viene a engrosar el número de víctimas de la violencia extrema contra las mujeres y las niñas.

El reporte de la CEPAL también indica que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género en la región ocurrieron en el ámbito de relaciones de pareja vigentes o finalizadas.

Ocho de los diez países y territorios de América Latina y el Caribe con información disponible al respecto (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay) dan cuenta de que el delito fue perpetrado por la pareja o expareja en más del 60% de los casos. En Puerto Rico, el 100% de los feminicidios informados fueron perpetrados por la pareja o expareja. A su vez, en Paraguay, Cuba, Chile y Uruguay, entre el 73,9% y el 88,9% de los casos registraron esta misma vinculación entre víctimas y victimarios.

Es urgente, plantea la CEPAL, desarrollar políticas y programas que aborden las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a servicios, y generen confianza para que las víctimas denuncien y busquen apoyo y protección en las instancias públicas que deben cumplir con su deber de garantizarles una vida libre de violencia.

Las opiniones recogidas en encuestas en 8 países (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay), entre 2019 y 2024, revelan que apenas entre un 20% y un 30% de quienes viven situaciones de violencia efectivamente utilizan los servicios estatales especialmente diseñados para ellas.

Pero aumentar la confianza en las instituciones requiere de respuestas efectivas, especialmente frente a situaciones de riesgo. Según información de 4 países (Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay), entre el 22% y el 35% de los casos de femicidio contaban con antecedentes al momento de su ocurrencia, ya sea denuncias por violencia de género o medidas cautelares contra el perpetrador.

El informe de la CEPAL también resalta que la violencia feminicida afecta a todas las edades: Más del 75% de las víctimas tenían entre 15 y 59 años, sin embargo, un 3% fueron niñas menores de 15 años y un 10% tenía 60 años y más.

Tal como se ha indicado en años anteriores, los femicidios también tienen graves consecuencias para las personas dependientes de las víctimas, entendidas como los hijos, hijas y otras personas a cargo. En los 7 países que informaron en 2023 sobre esta variable (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) se registran 488 víctimas indirectas.

Pese a lo anterior, solo 8 países de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay) han generado hasta ahora medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de femicidio, las cuales constituyen una respuesta fundamental en la construcción de un abordaje integral.

Finalmente, la CEPAL insta a los Gobiernos de la región a redoblar sus esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, a aumentar los recursos presupuestarios para diseñar políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes, y a invertir en la prevención efectiva de la violencia de género. Es preciso fortalecer la valoración del riesgo y las medidas de protección efectivas para las víctimas, así como su acceso a los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales, concluye.