Prime Minister's Office of Spain
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09/10/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/10/2024 11:12
El Gobierno aprueba una senda de estabilidad que compagina el rigor fiscal con el fortalecimiento de los servicios públicos
La Moncloa, Madrid
ElConsejo de Ministros ha aprobado los Objetivos de Estabilidad y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas durante el período 2025-2027 y ha fijado el techo de gasto para este año.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que se trata de la misma senda de estabilidad que el Ejecutivo acordó el pasado 16 de julio y que el Congreso de los Diputados no respaldó posteriormente. En cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ejecutivo remite los Objetivos de nuevo al Parlamento "porque seguimos estando comprometidos con comunidades autónomas y ayuntamientos", ha afirmado Montero.
La nueva senda recoge unos objetivos de déficit menos exigentes para las comunidades autónomas y las entidades locales respecto a la senda vigente, con el fin de que puedan destinar los recursos adicionales a servicios como la sanidad, la educación o la dependencia. Ese margen más amplio, según ha señalado María Jesús Montero, se corresponde con un menor gasto de la Administración estatal: "Hacemos un esfuerzo doble para que podamos preservar el Estado del bienestar que proveen, fundamentalmente, comunidades autónomas y ayuntamientos".
Consolidación fiscal y refuerzo del Estado del bienestar
La vicepresidenta primera ha destacado que esa senda es compatible, además, con la reducción del déficit público y la consolidación fiscal, en la línea seguida en los últimos años. "Las cifras avalan que la economía en nuestro país va muy bien y que la política que ha ido trasladando este Gobierno va en la dirección correcta", ha asegurado Montero.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La vicepresidenta ha resaltado que la economía española creció el año pasado cinco veces más que la media comunitaria, y que este año y el próximo seguirá expandiéndose muy por encima de la media de la zona euro, según las previsiones de todos los organismos. En cuanto al empleo, existen 2,2 millones de empleos más que en el año 2018 y, tras la aprobación de la reforma laboral, 3,4 millones de trabajadores más disfrutan de contrato indefinido. Además, las medidas del Ejecutivo contra el incremento de los precios han permitido que la inflación se sitúe ya en el 2,2%, el nivel más bajo de los últimos 14 meses.
El déficit público -ha proseguido la ministra de Hacienda- se ha reducido en 60.000 millones de euros desde el máximo que alcanzó en la pandemia, "sin aplicar recortes en el Estado del bienestar, todo lo contrario, impulsando y reforzando los servicios públicos". Esta "política fiscal prudente" ha sido avalada por la Comisión Europea, como demuestra que España no haya sido incorporada al procedimiento de déficit excesivo, ha dicho Montero, quien ha recordado que España registra un déficit inferior al de países como Francia o Italia.
Mayor margen fiscal para comunidades autónomas y ayuntamientos
La ministra de Hacienda ha reiterado el compromiso del Gobierno de seguir trabajando "para dar soluciones y demostrar la utilidad de la política". Con esa meta, la senda de estabilidad aprobada hoy continúa con la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas -que se situaría en el 3% este año y bajaría hasta el 1,8% en 2027-, al mismo tiempo que amplía el margen fiscal de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que puedan reforzar los servicios que prestan a los ciudadanos.
En concreto, la senda que se remite ahora al Parlamento concede 2 décimas más de margen fiscal a las comunidades autónomas en 2025 y en 2026, por lo que estas administraciones contarían con unos 3.300 millones de euros más de capacidad de gasto en cada ejercicio presupuestario. En el caso de las entidades locales, la nueva senda supone una décima más en 2025 y 2 décimas más en 2026, es decir, alrededor de 1.600 millones y 3.350 millones más de margen, respectivamente. Por tanto, si la senda no se aprueba, esas administraciones dispondrán en conjunto de unos 11.550 millones menos los dos próximos años.
La presentación de los PGE, próximo paso de la hoja de ruta
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La vicepresidenta primera ha subrayado que el Gobierno va a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 con la senda de estabilidad establecida hoy o, si no se aprueba en el Parlamento, con la anterior, que ofrece menor capacidad de gasto a las comunidades y los ayuntamientos. La meta de esas cuentas públicas será "seguir avanzando en la consolidación fiscal, seguir impulsando un crecimiento económico sólido y reforzar el Estado del bienestar con el objetivo de reducir las desigualdades", ha indicado Montero.
El Consejo de Ministros ha fijado el límite de gasto no financiero de 2025, lo que se conoce como el 'techo de gasto', en 195.353 millones de euros, excluyendo los fondos europeos. El aumento respecto al año 2024 es del 3,2%, lo que equivale a 6.138 millones. Si se incluyen los fondos europeos, el techo de gasto se sitúa en los 199.171 millones, prácticamente la misma cifra que en 2024, debido al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a medida que se ejecutan los distintos programas.
María Jesús Montero ha manifestado que, una vez que las cuentas públicas se aborden con los ministerios y las fuerzas políticas que conforman el Gobierno de coalición, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales y dialogará con los grupos políticos para buscar su apoyo.
Más derechos para las trabajadoras del hogar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado de que el Consejo de Ministros ha regulado la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
Díaz ha detallado que se va a dotar las trabajadoras del hogar de nuevos derechos. Los empleadores les deberán proporcionar equipamiento adecuado en función del trabajo que desempeñen. Tendrán garantizado el derecho a la formación continua y gratuita durante su jornada laboral, si es posible, y si no, serán compensadas con tiempo de descanso. Además, podrán realizarse un reconocimiento médico gratuito de forma voluntaria.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Además, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará una Guía Técnica para la prevención de los riesgos laborales y pondrá a disposición de las trabajadoras un protocolo de acoso y violencia en el hogar.
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio tendrán los mismos derechos para proteger su seguridad y su salud, ajustados a sus condiciones.
Yolanda Díaz ha reiterado que todas estas herramientas van a ser completamente gratuitas y no van a suponer ningún coste a las familias porque se sustancian a través de las administraciones públicas: "Dotamos de derechos a las trabajadoras y damos seguridad a las familias".
España, a la vanguardia en prevención de riesgos laborales de las empleadas de hogar
La titular de Trabajo y Economía Social ha recordado que el Gobierno sigue avanzando en derechos para todos los trabajadores y con la norma aprobada hoy dignifica el trabajo doméstico y da visibilidad a un colectivo de 367.900 mujeres "que nos cuidan, forman parte de nuestras familias y hasta hace muy poco carecían de derechos".
Díaz ha subrayado que es una norma feminista que mejora la vida de las trabajadoras, repara una discriminación histórica y sitúa a España a la vanguardia en la materia de prevención de riesgos laborales de las empleadas de hogar. "El reto del país es avanzar en la sociedad de los cuidados", ha añadido.
El texto es fruto del diálogo con los sindicatos y los representantes del sector y cuenta con el respaldo del Consejo de Estado.
Modernizar y consolidar la Formación Profesional
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva inversión por valor de más de 130 millones de euros para culminar el I Plan de Modernización de la Formación Profesional.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha concretado que los fondos permitirán crear más de 41.000 nuevas plazas de Formación Profesional en todas las comunidades autónomas, a excepción de La Rioja y Baleares, que han rechazado la aportación del Gobierno.
En materia educativa, el Ejecutivo también ha aprobado destinar casi 26 millones de euros a las comunidades para que pongan en marcha 480 nuevas aulas de tecnología aplicada (aulas ATECA). Se trata de espacios de aprendizaje donde los alumnos desarrollan competencias digitales.
Por otra parte, el Gobierno ha acordado el reparto a las comunidades de 15 millones de euros para la acreditación de las competencias profesionales de cerca de 30.500 personas. Pilar Alegría ha resaltado que ya se ha reconocido la experiencia profesional de más de un millón de trabajadores y el objetivo es llegar a los dos millones cuando termine la legislatura.
Nuevas plazas del primer ciclo de Educación Infantil
El Consejo de Ministros ha acordado la redistribución de 32,2 millones de euros a las siete comunidades autónomas que han solicitado más fondos para la creación de plazas públicas y gratuitas para niños de 0 a 3 años. Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra son las destinatarias.
La portavoz del Ejecutivo ha explicado que se crearán 2.900 plazas con fondos reintegrados por la Junta de Andalucía, comunidad que ha rechazado expresamente la financiación de 112 millones de euros para plazas públicas y gratuitas destinadas a sus escolares.
Programas de interés social
El Gobierno ha autorizado repartir el importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades entre las comunidades y ciudades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) para que financien programas de interés social.
Pilar Alegría ha precisado que este importe asciende a 335 millones de euros, lo que supone que recibirán un 13% más de fondos que en 2023. La distribución concreta de los fondos se aprobará en una conferencia sectorial.