11/21/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/21/2024 10:21
El Congreso ha aprobado la moción del Grupo Popular sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la DANA. En este sentido, el Pleno insta al Ejecutivo a poner en marcha un paquete de medidas que tiene como objetivo mitigar los efectos de la DANA en las zonas afectadas y garantizar una respuesta integral en áreas de emergencia, vivienda, educación, economía y salud.
De esta manera, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Activar el Plan Estatal General de Protección Civil y Emergencias, aprobado por el Gobierno el 16 de diciembre de 2020 e implementar las actuaciones siguientes:
- Ampliar la solicitud de ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para dotar a los servicios de emergencias que operan en las zonas afectadas por la DANA de más medios de limpieza y de tratamiento de residuos, de equipos de bombeo adicionales y de más expertos de asistencia técnica y apoyo.
- Destinar recursos adicionales para asegurar el derecho a la protección en caso de catástrofe de todos los ciudadanos independientemente de cuál sea su lugar de residencia, así como para la identificación de las víctimas en su caso, garantizado en el artículo 5 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Revisar la política de prevención de Protección Civil para evitar o reducir los efectos de riesgos y emergencias, para establecer nuevas medidas preventivas.
- Actualizar el Protocolo de Intervención de la UME y de las FCSE que puedan destinarse a la protección civil.
- Dotar de más medios al Fondo de Prevención de Emergencias, previsto en el artículo 11 de la Ley 17/2015.
- Incrementar los medios humanos y materiales de la Red de Alerta Nacional para que sea un sistema rápido y efectivo de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes de protección civil.
- Actualizar mediante nuevos informes técnicos el Mapa Nacional de Riesgos de protección civil.
- Agilizar el proceso de solicitudes de apoyo entre Administraciones Públicas de todo el territorio nacional que se realizan mediante el Mecanismo Nacional de Respuesta de Emergencias.
- Incrementar el número de agentes de las FCSE para vigilar los espacios públicos de los municipios afectados y garantizar la seguridad ciudadana de aquellos lugares donde se siguen produciendo robos y saqueos.
- Reforzar los medios humanos y materiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia.
2. Atender las solicitudes de todos los Ayuntamientos afectados de cada Comunidad Autónoma y actualizar el listado de beneficiarios recogidos en el Real Decreto-Ley 6/2024.
3. Crear un Portal de Gestión de Ayudas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la tramitación de ayudas, garantizando la rapidez, la accesibilidad y la eficiencia que esta emergencia requiere.
4. Desarrollar un plan completo para atender las necesidades de reparación del parque móvil. Concretamente, se contemplará:
- Habilitar líneas de ayudas adicionales a las establecidas por el Consorcio de Compensación de Seguros para la renovación de vehículos, hasta un máximo del valor del nuevo vehículo, que priorice: un vehículo por titular afectado y los vehículos y/o furgonetas de profesionales y autónomos (incluidos los vehículos industriales).
- Reforzar el Plan MOVES a través de una ampliación de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno, con una cuantía de hasta 14.000 euros por vehículo, aplicable en el momento de la compra.
- Aprobar un Plan RENOVE para vehículos de cualquier tecnología, incluidos los motores de combustión, en función del nivel de emisiones de gases. Se concederán ayudas directas de hasta 10.000 euros para la compra de un nuevo vehículo.
- Establecer un programa piloto de renting social que permita el acceso a las familias con menos recursos a un vehículo de emisiones cero con una cuota mensual de entre 50 y 150 euros por un periodo máximo de 3 años.
- Crear una nueva línea de ayudas para vehículos industriales, de hasta el 50% del coste del vehículo, con un límite de la ayuda de 40.000 euros, para la compra de un vehículo de cualquier tecnología.
- Habilitar una ayuda a la reparación de vehículos de hasta el 50% del coste de los daños, con el límite de la ayuda establecida para la adquisición de un vehículo nuevo.
5. Ampliar las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 7/2024 a las viviendas de titularidad autonómica para ponerlas a disposición del realojamiento de personas damnificadas por la DANA. Además, en materia de vivienda, se acordará:
- Crear un registro de demandantes de realojo temporal o permanente por la afección de sus viviendas a causa de las inundaciones.
- Promover un acuerdo con la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana y con la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia a efectos de identificar todas aquellas viviendas que se podrían alquilar en el mercado dentro del área de influencia de las zonas afectadas.
- Crear Oficinas técnicas municipales para atender a los vecinos, ayudar con la peritación de siniestros y coordinar labores de inspección de bomberos y policías.
6. Desarrollar de manera ágil y eficaz las medidas necesarias para paliar el impacto de la DANA en las empresas, los autónomos y los propios trabajadores. En particular,
- El Ministerio de Trabajo y Economía Social deberá hacer las modificaciones necesarias para garantizar la gestión adecuada de los ERTE de introducir fuerza mayor, tanto directos como indirectos, por parte de la Autoridad Laboral.
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecerá las mismas bonificaciones a la seguridad social de los ERTE de fuerza mayor en aquellos casos de permisos retribuidos que puedan incidir de manera directa en el desarrollo de la actividad de la empresa.
- El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, y el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones garantizarán el despliegue de un Plan de contingencia con todos los medios necesarios para que los trabajadores afectados por un ERTE o un ERE puedan recibir sus prestaciones en plazo, evitando agravar su ya delicada situación.
- Se ampliará la protección de los trabajadores autónomos, de modo que aquellas personas y empresas que no siendo de la zona afectada se encontraban desplazadas a la zona y/o hayan sufrido daños en su actividad deberán ser incluidos en las ayudas correspondientes, a los efectos de lo previsto en los Reales Decretos Ley.
7. Crear por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de un Fondo EDUCAMOS para la financiación de todas las actuaciones necesarias para recuperar la actividad educativa de los centros de todas las zonas afectadas, de tal forma que la Generalitat Valenciana y el resto de Comunidades que lo precisen, asuman el 50% de la financiación de las inversiones necesarias. Para acelerar la plena recuperación en materia educativa, además, se firmará un convenio para la reconstrucción de los centros educativos más afectados como consecuencia de la DANA.
8. Aprobar la exención de la tarifa de abono de transporte a la población durante seis meses, ampliables.
9. Asegurar la eficaz y ágil ejecución del fondo de 15 millones incluido en el Real Decreto Ley 7/2024 en materia de salud mental, y en particular, en el seguimiento de las labores de búsqueda de los desaparecidos en contacto permanente con las familias, creación de un Gabinete Psicológico de seguimiento de los afectados, contando con asociaciones y expertos en catástrofes, y facilitar espacios en los Ayuntamientos afectados, donde los ciudadanos puedan recibir el apoyo psicológico y emocional necesario.
10. Aprobar, para paliar los gastos directos que están siendo asumidos por las Comunidades Autónomas afectadas; una línea de ayudas para la cobertura del 100% de los gastos de emergencia de las Comunidades Autónomas afectadas. una línea de ayudas para la cobertura del 50% de los gastos de las obras en las instalaciones afectadas de las Comunidades Autónomas: centros de salud, carreteras, equipamientos deportivos, residencias, centros de día y demás infraestructuras.
11. Desarrollar, por parte del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico:
- Las actuaciones necesarias para recuperar los cauces de los ríos y barrancos, así como su conservación ante el riesgo de inundaciones.
- Medidas estructurales y de defensa ante las avenidas (junto con la Confederación Hidrográfica del Júcar), acometiendo nuevas inversiones para proteger de las avenidas a las poblaciones. De forma particular: actuaciones en el barranco del Poyo, la presa de Vilamarxant, en el río Magro, la presa de Montesa y presa Marquesado: la adecuación y reparación de presas; y el refuerzo del canal Júcar-Turia.
12. Aprobar las siguientes medidas en el marco fiscal:
- La exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (1B1) del ejercicio 2025 a aquellas viviendas que reciban las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley del Gobierno o el Decreto aprobado por la Generalitat valenciana.
- La reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), correspondiente al ejercicio de 2025.
- Flexibilizar los requisitos para acogerse a la exención en el IBI contemplada en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, para no condicionar la exención al realojamiento total o parcial de las personas en otra vivienda distinta.
- Aplazar sin intereses del IRPF o cualquier otro impuesto en 2025.
- Reducir o establecer la exención de impuestos vinculados a la reconstrucción (a modo de ejemplo, el ICIO -Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras-, o el IVA en materia de obras).
- Compensar, por parte de la Administración General del Estado, a las entidades locales por la disminución que se produzca en los ingresos locales.
13. Incrementar hasta el 100% el salario de los casos de incapacidad temporal extraordinaria recogidos en el RD-Ley, de forma proporcional en función de los ingresos referenciados al IPREM.
14. Crear un Grupo de Trabajo, en el que participen la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto-Ley 6/2024, las Comunidades Autónomas, Diputaciones, entidades locales y el sector privado, a efectos de identificar los compromisos, actuaciones y plazos, así como el seguimiento de las inversiones y la evaluación de resultados.