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Cuando el candidato de izquierda Luis Arce ganó las elecciones de Bolivia en 2020, muchos esperaban que el país finalmente pudiera entrar en un período de estabilidad y paz. La sorprendentemente pacífica transferencia de poder se produjo después de uno de los períodos más tumultuosos de la historia política reciente de Bolivia. El presidente Evo Morales, un líder indígena de izquierda, habia sido derrocado en 2019 después de protestas masivas y acusaciones de fraude electoral, seguidas por la controvertida presidencia interina de Jeanine Añez y las violentas y a veces letales protestas contra su gobierno, junto con la pandemia de COVID-19 en 2020. Cuando el moderado tecnócrata Arce ganó con una abrumadora victoria del 54% en la primera vuelta, se vio como un indicio que el país deseaba un semblante de unidad nacional y podría encontrar un espacio para sanar.

Cuatro años después, la promesa de una Bolivia unida está lejos de materializarse. En el ámbito político, el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) está experimentando una fuerte guerra civil interna entre los partidarios del presidente Arce y los de Morales, el fundador del partido. Durante los ultimos 18 años, la oposición tradicional, sin un liderazgo claro, no ha podido presentar una alternativa coherente al gobierno del MAS. Las instituciones judiciales y electorales del país, que en otros contextos podrían servir como "árbitros" de la competencia política, históricamente han sido vistas como cooptadas, y el legado de la destitución de Morales en 2019 aún pesa mucho sobre su legitimidad ante el público en general y los principales actores políticos. En el frente económico, el país está al borde de un posible default, ya que sus reservas internacionales han llegado a mínimos históricos y la economía de Bolivia sufre por la falta de inversión y competitividad, alimentando el descontento público y la agitación social.

La sociedad civil boliviana y los actores internacionales pueden desempeñar un papel clave en la identificación y mitigación de potenciales fuentes de conflicto durante los próximos 12 meses.

A medida que Bolivia se acerca a su temporada electoral en 2025, estas variables apuntan a un posible aumento de la violencia política, ya que el sistema se puede ver abrumado por narrativas polarizadas en un entorno socioeconómico frágil. La sociedad civil boliviana y los actores internacionales pueden desempeñar un papel clave en la identificación y mitigación de potenciales fuentes de conflicto durante los próximos 12 meses, ayudando a las instituciones bolivianas a gestionar la polarización exacerbada en el país y prevenir que caiga en conflictos violentos.

Arce llegó al poder con el apoyo de su mentor, Evo Morales. Había sido ministro de Economa y Finanzas de Morales durante casi 11 años, y se le consideraba en gran medida el cerebro detrás del "milagro económico" boliviano que mostró tasas de crecimiento impresionantes y una reducción radical de la desigualdad y la pobreza. Con Morales viviendo en el exilio en Argentina e incapaz de postularse en las elecciones de 2020, se entendia que Arce representaba la continuidad del gobierno del MAS. Sin embargo, a medida que la administración de Arce comenzó a mostrar un creciente interés en tomar sus propias decisiones políticas, actuando de manera más autónoma frente a Morales, la brecha entre mentor y discípulo se amplió. Como en casos similares en otros países latinoamericanos, como los presidentes Uribe y Santos en Colombia o los presidentes Correa y Moreno en Ecuador, la sombra del líder carismático y popular pesaba mucho sobre el nuevo gobierno.

De regreso en Bolivia desde 2021, Morales ha afirmado que su renuncia en 2019 fue el resultado de un golpe organizado por la oposición (principalmente basada en el departamento occidental de Santa Cruz) y por intereses privados. Ha dedicado la mayor parte de su tiempo a hacer campaña para regresar al al poder en 2025. Para Morales y sus seguidores, el gobierno de Arce no ha hecho lo suficiente para remediar el daño causado por la oposición en 2019 y ha cedido algunos de los principios clave del MAS al ceder y buscar acuerdos con el sector privado sobre políticas económicas fundamentales. Como resultado, el bloque mayoritario del MAS en el Congreso se ha dividido en dos, dejando la legislatura dividida en tres bloques (MAS-Arce, MAS-Morales y la oposición) que hasta ahora no han podido alcanzar ningún tipo de acuerdo significativo para resolver el estancamiento económico actual o presentar una propuesta de unidad nacional para sanar las heridas resultantes de la crisis de 2019.

Complicando aun mas la situacion es el hecho que el presidente Arce mismo está buscando la reelección este año, lo que ha desencadenado un conflicto interno por el control del liderazgo del MAS y sus mecanismos para definir un candidato. En octubre pasado, cada líder convocó su propio "Congreso del MAS" para proclamarse como los únicos candidatos, con eventos públicos que se llevaron a cabo en paralelo en diferentes ciudades, lo que llevó a enfrentamientos violentos entre militantes del mismo partido que dejaron al menos 20 heridos. Por si fuera poco, Morales ha sido inhabilitado para postularse a la presidencia por el Tribunal Constitucional de Bolivia, institucion que el expresidente no reconoce como legítimo.

Por otro lado, la oposición tradicional ha sufrido de una falta de organización y liderazgo visible desde su derrota en 2020. Algunos de sus principales líderes, como el activista de Santa Cruz Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho y la expresidenta Añez, están actualmente en prisión por su presunta participación en el "golpe" de 2019, entre otros cargos de corrupción para Añez y racismo para Calvo. Para los líderes que no están en la cárcel, el ex presidente interino Carlos Mesa (2003-05) ha sido repetidamente incapaz de plantear un desafío electoral a un candidato del MAS o de negociar una coalición de unidad con la oposición basada en Santa Cruz.

El sistema judicial de Bolivia ha sido considerado durante mucho tiempo como sesgado y propenso a ser instrumentalizado por el poder ejecutivo. Durante la administración de Añez, militantes del MAS fueron investigados y arrestados por cargos de sedición y/o terrorismo (incluido Morales mismo) por su presunto "fraude electoral" en las elecciones de 2019. Con la llegada del nuevo gobierno del MAS de Arce en 2021, ese mismo sistema judicial se movió rápidamente para terminar estos procesos y abrir otros nuevos contra la administración interina por cargos de corrupción, abuso de poder y el supuesto "golpe" contra Morales. El presidente Arce ha sido acusado por la facción disidente del MAS de usar el sistema judicial para impedir que Morales se postule, y por la oposición de intentar llevar a cabo un supuesto "autogolpe " junto con las altas cortes, con el que supuestamente cerrarían el Congreso y harían que el presidente gobernara por decreto.

La credibilidad del sistema electoral, encabezado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber llevado a cabo las elecciones de 2020 que han sido consideradas libres y justas, ha sufrido debido a la conducta de la autoridad electoral durante los comicios de 2019 a favor del MAS. Los partidarios de Morales han protestado consistentemente las decisiones del TSE de no reconocer a su líder como candidato, ni sus intentos de reafirmar su control sobre el partido gobernante. Ambos lados del espectro político creen que la administración de Arce está intentando instrumentalizar el sistema judicial y electoral para permanecer en el poder, una afirmación que el gobierno actual ha rechazado constantemente.

El ataque deliberado a la credibilidad de las instituciones judiciales y electorales … aleja la competencia política del espacio democrático.

El ataque deliberado a la credibilidad de las instituciones judiciales y electorales no solo les quita las herramientas administrativas y logísticas necesarias para llevar a cabo sus tareas, sino que, más peligrosamente, aleja la competencia política del espacio democrático. Fuera de las normas y principios democráticos, los oponentes son reducidos a considerarse como a enemigos, buscando que sean excluidos de la vida política, encarcelados, cancelados o enviados al exilio. Esta característica definitoria de la polarización del siglo XXI abre la puerta a posibles estallidos de violencia con los actores políticos midiendo sus fuerzas en la calle, y no en el Congreso o las urnas.

La degradación política e institucional no se ha confinado a estos ámbitos, sino que se ha desbordado hacia el sector socioeconómico, impactando directamente las vidas de los ciudadanos de a pie. El estancamiento en el Congreso impidi que el pueblo boliviano elijese un nuevo conjunto de jueces para los tribunales superiores del país a finales de 2023. (Bolivia es el único país en el mundo que realiza elecciones abiertas para estos cargos.) También ha dejado al gobierno boliviano incapaz de invertir los recursos necesarios para mantener operaivo y viable su sector energético, ni de poner en marcha la tan esperada industria de extracción y procesamiento de litio. Desde el milagro económico de los 2000 y mediados de la década de 2010, Bolivia está ahora al borde de un incumplimiento de deuda.

La industria del gas natural, que durante la mayor parte de los últimos 20 años ha empujado la economía del país, ha sufrido por la falta de inversión que a su vez, la ha vuelto ineficiente para extraer o procesar el combustible, ni ha permitido a Bolivia descubrir nuevas reservas. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos han mantenido costosos subsidios al combustible que han agotado las reservas internacionales del país, ya que la única industria que podría reponerlas está en declive a largo plazo. El plan para pasar de una economía extractiva a una industrializada nunca se materializó realmente durante Morales, algo que Arce espera lograr con el litio.

El plan para aumentar la extracción y el procesamiento de litio para compensar las pérdidas del sector del gas a corto plazo podría cubrir, a mediano plazo, los costos necesarios para la recuperación del sector energético y convertirse en una piedra angular de la industrialización en el largo plazo del país. Sin embargo, dicho plan no ha cumplido con sus promesas, ya que ya han estallado escándalos de corrupción sobre la naciente industria y el procesamiento doméstico de litio no ha alcanzado los niveles esperados. Además, los contratos con empresas extranjeras, principalmente chinas y rusas, se han visto envueltos en controversia por la falta de transparencia en su proceso de firma, preocupaciones ambientales y el potencial real que estas empresas se conviertan en otro mecanismo para extraer recursos naturales del país sin tener un impacto positivo real en las comunidades locales.

Estas variables políticas, institucionales y económicas parecen destinadas a chocar durante las elecciones de 2025 y generar la tormenta perfecta para violencia y conflicto. Los actores polarizados podrían verse tentados a aprovechar las emociones de una población frustrada por el estado de la economía y la ineficacia de su sistema político. Las instituciones del país podrían encontrarse abrumadas por la inestabilidad, y, enfrentando presión desde todos los lados, verse obligadas a tomar decisiones impopulares que podrían inflamar aún más el conflicto y la división. Sin embargo, los bolivianos y la comunidad internacional aún tienen tiempo para tomar medidas proactivas e interrumpir este ciclo vicioso antes de que se salga de control.

Las instituciones del país podrían encontrarse abrumadas por la inestabilidad, y, enfrentando presión desde todos los lados, verse obligadas a tomar decisiones impopulares que podrían inflamar aún más el conflicto y la división.

Actores de confianza como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Departamento de Observación Electoral de la Organización (DECO) de los Estados Americanos (OEA), así como las Naciones Unidas, pueden acompañar y apoyar los procesos de las próximas elecciones judiciales para aliviar los temores de sesgo o instrumentalización de las instituciones actuales, y otorgar legitimidad al nuevo poder judicial. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH fue clave para arrojar luz y dar los primeros pasos hacia la verdad sobre la violencia de finales de 2019. La OEA y la ONU también pueden apoyar al sistema electoral en la preparación de las elecciones presidenciales del próximo año y ofrecer buenos oficios entre las partes a medida que surjan conflictos. Las organizaciones locales de la sociedad civil también son clave para movilizar el apoyo público a favor de un debate basado en ideas y propuestas y en la consolidación de una agenda nacional que esboce las prioridades para cualquier futura administración, asegurando la transparencia y el debido proceso de las elecciones.

En 2019, los bolivianos tocaron consistentemente la alarma de un posible conflicto a medida que avanzaba el proceso electoral. El fracaso para atender tales llamados resultó en una crisis constitucional, decenas de muertos, cientos de heridos y un país fracturado cuyas heridas aún no han sanado. Cinco años después, hay una oportunidad para desactivar una crisis similar antes de que ocurra.

PHOTO: Manifestantes durante una procesión funeraria y protesta en La Paz, Bolivia, el 21 de noviembre de 2019. (Federico Rios/The New York Times)

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PUBLICATION TYPE: Analysis

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