12/03/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/02/2024 23:21
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que para 2050, más de una de cada cinco personas en Las Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago tendrá una discapacidad. El aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la proyección de 2020 es significativo. Dado el rápido envejecimiento de la población, este cambio demográfico pone de relieve la necesidad de actuar con urgencia.
Aunque los países del Caribe han avanzado al comprometerse con convenciones internacionales e incorporar los derechos de las personas con discapacidad en sus marcos jurídicos nacionales, persisten desafíos para traducir estos compromisos en una inclusión social y económica efectiva. Abordar estas brechas no solo es una obligación legal, sino también crucial para el desarrollo sostenible.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad no depende únicamente de características físicas. Es el resultado de la interacción de una deficiencia a largo plazo con barreras actitudinales o estructurales externas que limitan la participación efectiva en la sociedad. Este concepto representa un cambio respecto al antiguo modelo médico y pone énfasis en el rol de la sociedad a la hora de eliminar los obstáculos ambientales a la inclusión.
A pesar de los esfuerzos por incluir a las personas con discapacidad en los sistemas de datos regionales, desafíos conceptuales y metodológicos han limitado la disponibilidad y precisión de los datos. Para mejorar esto, el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, desarrolló un conjunto estandarizado de preguntas para censos y encuestas. Este grupo fue creado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Aunque algunos países del Caribe adoptaron estas preguntas en la ronda de censos 2010, su aplicación inconsistente ha dificultado la obtención de estimaciones precisas sobre discapacidad en la región.
Los países del Caribe miembros del BID se han comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo Jamaica el primer país del mundo en ratificarla. Para monitorear el cumplimiento de la Convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa su implementación, al que, hasta la fecha, Jamaica y Trinidad y Tobago han presentado informes iniciales.
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago también han ratificado el Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de las personas ciegas o con discapacidad visual a materiales en formatos accesibles. A nivel regional, la Carta de la Sociedad Civil de la Comunidad del Caribe (CARICOM) consagra los derechos de las personas con discapacidad a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el respeto a su dignidad humana. El Acuerdo de Kingston y la Declaración de Pétion Ville refuerzan aún más el marco regional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
A nivel nacional, los seis países han incorporado los derechos de las personas con discapacidad en sus constituciones o legislaciones específicas. La mayoría de los gobiernos han establecido organismos dedicados a apoyar a esta población, y los planes nacionales de desarrollo hacen referencia a las personas con discapacidad.
No obstante, persisten brechas. En algunos ámbitos, las protecciones legales son débiles o no se ajustan al modelo social de discapacidad. Incluso cuando existen marcos jurídicos sólidos, no garantizan el cumplimiento. Además, a menudo, la situación de las personas con discapacidad está muy por debajo de los compromisos legales. Informes que utilizan datos del censo de 2010 sugieren que existen disparidades en diversos sectores en Guyana, Jamaica y Surinam.
Ante las brechas en la implementación de políticas, mucho se puede aprender examinando el conjunto más amplio de políticas sobre discapacidad implementadas a nivel mundial. Explora nuestro nuevo informe microeconómico al respecto:
Esta publicación ofrece un panorama de políticas en materia de educación, protección social, salud y mercados laborales, y presenta evidencia sobre su efectividad. Se documentan numerosas políticas basadas en evidencia, incluidas algunas que no se han implementado en la región. Al mismo tiempo, se identifican grandes lagunas de conocimiento.
Cerrar estas brechas es esencial para fomentar políticas más efectivas para la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente dadas las limitaciones del espacio fiscal.