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07/26/2024 | Press release | Archived content

Ecuador: ACNUR y Prefectura de Pichincha renuevan acuerdo para trabajar por la protección y la inclusión de las personas desplazadas y de sus comunidades de acogida

QUITO - ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la provincia de Pichincha renovaron hoy su acuerdo para dar continuidad a su colaboración a favor de las personas refugiadas y otras personas desplazadas en la Provincia. A través de esta nueva carta de entendimiento, ACNUR y el Gobierno Provincial se han comprometido a colaborar en estrategias, programas y proyectos que promuevan los derechos de las personas residiendo o transitando por Pichincha.

"La renovación de nuestro acuerdo nos permitirá seguir avanzando hacia la protección de personas forzadas a huir y sus comunidades de acogida, incluyendo aquellas que se ven afectadas por la violencia, discriminación y falta de oportunidades", dijo Federico Agusti, Representante de ACNUR en Ecuador. "La provincia de Pichincha ha mantenido su solidaridad histórica hacia las personas forzadas a huir y tenemos la certeza de que trabajando de manera conjunta podemos llegar a quienes más lo necesitan".

Ecuador es hogar de más de medio millón de personas refugiadas y otras desplazadas. Pichincha es la provincia con mayor número de personas en movilidad humana en todo el país, albergando el 27 por ciento de todas las personas, seguido por Guayas con un 21 por ciento. Continuar colaborando en temas de desplazamiento forzado en la zona permitirá facilitar mayor protección y soluciones para personas desplazadas y sus comunidades de acogida en la provincia de pichincha.

"Más allá de las nacionalidad hablamos de personas con derechos en donde los servicios son para todos y todas", dijo Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, durante la firma del acuerdo.

Esta carta de entendimiento le permite tanto a ACNUR como a la Prefectura a implementar acciones de incidencia para promover espacios inclusivos de integración económica, social y cultural que facilite el ejercicio de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y en general en situación de movilidad humana. Además, abre un espacio para colaborar en la implementación de estrategias y acciones que promuevan la protección de las personas en movilidad humana y de las comunidades que las acogen.

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