Jueves, 17 de octubre del 2024 - 00:05Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En el marco de la fiscalización al manejo, procesamiento y obtención de datos sobre homicidios, muertes violentas, tráfico de menores y desaparición de personas, entre el 2009 y el 2023, la Comisión de Seguridad recibió a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, desaparecido el 16 de mayo del 2013 y al relator del Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, Juan Albán.

La invitada realizó un breve recuento de los hechos ocurridos durante y después de la desaparición de su hijo, con base en los datos recogidos en el expediente de su caso, hasta la fecha. Manifestó que a pesar de la tecnología existente en el país, las teorías establecidas durante el proceso de investigación y todo el aparataje estatal volcado al caso, no existe una sola respuesta clara.

"En los 11 años y 5 meses de la desaparición de mi hijo, el Estado no ha cumplido con los principios de verdad y justicia, sino que han atacado a la víctima, una madre que no se cansará de denunciar la inoperancia de funcionarios, sus vulneraciones a los derechos humanos y sus errores", señaló.

También manifestó que, "todo lo sucedido en el caso conlleva una responsabilidad del Estado, por su indolencia, negligencia y violencia institucional al poner a cargo a funcionarios que desconocen de líneas de investigación lógicas y técnicas, o de como tratar a una víctima". Al criterio de la compareciente, "el Estado ecuatoriano asesinó a David Romo".

De su lado, Juan Albán, secretario relator del Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, señaló que, entre 2011 y 2013, en el Ecuador se produjeron más de 4 mil 500 desapariciones de personas que no han sido resueltas, de un universo de más de 17 mil denuncias y que, entre 2014 y 2018, se registraron más de 48 mil denuncias a nivel nacional.

"Debe entenderse como desaparición de personas a cualquier forma, legal o ilegal, de privación de la libertad, en la que interviene el Estado, directa o indirectamente, a través de sus agentes, o por la omisión deliberada de sus deberes para evitar dichas desapariciones", manifestó.

A decir del experto, "el Estado ecuatoriano no ha actuado con diligencia para garantizar investigaciones y búsquedas exhaustivas, partiendo de la presunción de que la persona estuviera aún con vida, ni ha dado respuestas efectivas en restituir sus restos de manera digna, en caso de haber muerto".

Finalmente, alertó a la comisión sobre los 512 desaparecidos, de un universo de 2000 denuncias, registradas en lo que va del 2024, en un contexto en que la delincuencia organizada puede ser otro factor, pues actúa bajo la reclutamiento forzoso, tráfico de migrantes y trata de personas.

CV/am

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