Nos oponemos a las plantas de biogás del entorno de las Hoces de Riaza y demandamos una planificación estratégica del sector en zonas rurales

Presentaremos alegaciones ante la Junta de Castilla y León al proyecto en Fuentelcésped, cuyo estudio de impacto ambiental se encuentra en fase de información pública. También hemos presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental de otro proyecto de planta de biogás en el pueblo vecino de Milagros.

En la ribera del Duero burgalesa están proliferando nuevos proyectos de plantas de biogás en torno a macrogranjas de porcino que han encendido las alarmas. En Fuentelcésped, los vecinos han convocado hoy una concentración ante la reactivación del Proyecto de Planta de Biometano. Y en el pueblo vecino de Milagros, también se planea otro proyecto de planta de biogás que incumple la normativa ambiental. Ante ello, demandamos una planificación estratégica urgente del sector del biogás en las zonas rurales que garantice la sostenibilidad.

Denunciamos que existe una gran falta de transparencia por parte de las administraciones sobre las previsiones de expansión del sector del biogás en España y una carencia de información y participación social de las comunidades locales en algunas zonas rurales, como la ribera del Duero burgalesa. Los proyectos de plantas de biogás de Fuentelcésped, promovido por la empresa Agrocircular S.L, y de Milagros, promovido por la empresa Milagros Bioenergy S.Ll, se encuentran próximos al Parque Natural de la Hoces del Riaza.

Ante ello, presentaremos alegaciones ante la Junta de Castilla y León al proyecto en Fuentelcésped, cuyo estudio de impacto ambiental se encuentra en fase de información pública, Y en el caso de Milagros, hemos presentado la semana pasada alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental ya que incumple la normativa ambiental vigente al no respetar la distancia mínima de 2 kilómetros desde el límite del núcleo urbano.

Alertamos del riesgo de que puedan repetirse errores e impactos ambientales y sociales como los que han tenido lugar en los últimos años con el despliegue indiscriminado de las renovables, derivados de una falta de planificación territorial y de dimensionamiento acorde a la capacidad de acogida del territorio, lo que ya está provocando un fuerte rechazo a estos proyectos en diferentes puntos de España.

Por su parte, la utilidad del biogás en la transición energética se circunscribe a la existencia de residuos orgánicos, principalmente provenientes de granjas intensivas de porcino, que se aprovechan para generar energía. Sin embargo, el problema de fondo es el elevado número de macrogranjas que ya existen en algunas regiones del territorio español, y sus grandes impactos ambientales y sociales asociados.

En este sentido, estas plantas de biogás se están presentando como una solución sostenible al insostenible negocio de las macrogranjas y como una alternativa a la transición energética. Reclamamos que antes de comenzar a llenar con proyectos individuales y privados todo el territorio, es necesaria y urgente una adecuada planificación territorial que, en primer lugar, plantee un amplio debate sobre el modelo de granjas industriales de porcino y su problemática, para determinar cuál es la capacidad de carga que puede soportar cada territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos. Solo a través de dicha planificación será posible determinar la utilidad de las plantas, su adecuada ubicación y los objetivos que se persiguen.

No podemos plantear la puesta en marcha de plantas de biogás como la solución al impacto de las granjas industriales, sin antes poner un límite al crecimiento de estas explotaciones. De otro modo, con la excusa de la transición energética se seguirá impulsando con fondos públicos a la ganadería industrial, obviando los impactos que este modelo de producción tiene sobre la salud de las personas, los ecosistemas y el bienestar animal.

Antes de seguir impulsando plantas de biogás, sin una planificación previa adecuada y sin evaluar el efecto llamada que puede tener para nuevas granjas industriales, hay que apostar por una disminución drástica de la cabaña ganadera industrial. Además, debe aplicarse taxativamente el principio de "quien contamina, paga" para evitar efectos indeseados, como la contaminación creciente por nitratos. Y, en cualquier caso, debe garantizarse la transparencia y una participación real y efectiva de la población local en el desarrollo de infraestructuras como las que nos ocupan, con potencial impacto sobre su calidad de vida y que pueden hipotecar la creación de empleo verde en los pueblos, agravando aún más la crisis de despoblamiento rural.

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